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CONTEXTO

Los recursos naturales pueden contribuir de manera significativa al desarrollo. Para muchos países en vías de desarrollo, los sectores del petróleo, del gas y de la minería son un factor económico clave. La producción de materias primas supone más del 20 % del PIB en más de 20 países en vías de desarrollo. Por consiguiente, los recursos naturales ofrecen grandes oportunidades para el desarrollo económico.

 

Los beneficios que los países en vías de desarrollo obtienen de su riqueza en recursos naturales son determinados de forma sustancial por complejos contratos comerciales de inversión entre el país anfitrión y los inversores (extranjeros). Dichos acuerdos regulan la asignación de costes, riesgos, ventajas y beneficios. Pueden estar vigentes durante décadas y tener importantes impactos fiscales, económicos, medioambientales y sociales. Los contratos de inversiones extranjeras bien concebidos y negociados pueden generar ingresos, impulsar el desarrollo y proteger los intereses del país anfitrión y de los inversores extranjeros.

 

Sin embargo, muchos países de renta baja carecen de la capacidad necesaria para conducir con éxito unas negociaciones contractuales complejas y para hacer cumplir debidamente y supervisar los contratos celebrados. En consecuencia, los contratos negociados e implementados deficientemente a menudo fracasan a la hora de maximizar los potenciales beneficios y en vez de eso pueden conducir a la pérdida de ingresos públicos, a la corrupción, la degradación y el agotamiento de los recursos y del medio ambiente, así como a riesgos para la seguridad y a disturbios sociales.

A pesar de que existen algunas opciones de asistencia a países en vías de desarrollo para la negociación e implementación de contratos de inversión en el sector extractivo, son susceptibles de mejora. Adolecen de lagunas notables en cuanto a los conocimientos en el ámbito no jurídico (fiscal, económico, social) e industrial (geológico, minero, medioambiental), así como a nivel de un apoyo suficientemente rápido y de un apoyo estratégico que aúne las inversiones en recursos naturales y las estrategias de desarrollo y, asimismo, existe una falta de confianza mutua.

 

Para abordar esta situación, la iniciativa CONNEX fue lanzada en 2014 por los líderes del G7, para reforzar la asistencia consultiva a los gobiernos de los países de renta baja en sus negociaciones de contratos comerciales complejos, con el fin de que la asistencia disponible sea más exhaustiva y más adaptada a las necesidades de los gobiernos y con el fin de contribuir a que se alcancen unos acuerdos de inversión más justos y más sostenibles. Esto no solamente incluye proporcionar información y reforzar las capacidades, sino también mejorar los servicios de asesoramiento directamente implicados en las negociaciones contractuales.

 

De acuerdo con este objetivo, la iniciativa CONNEX se fundamenta en tres pilares que se complementan mutuamente para alcanzar las metas de la iniciativa CONNEX.